La IA generativa avanza en organismos estatales y locales de Estados Unidos. Un estudio de EY encontró que 69% de los responsables consultados dijo que su organismo ya la integró o estaba implementándola. No es un censo de todas las agencias ni equivale a uso diario generalizado. También hay negociaciones sindicales para limitar sus efectos laborales. En Chile hay casos documentados de adopción, recomendaciones específicas y obligaciones legales generales que siguen aplicando al usar IA.
La encuesta de EY, publicada el 29 de octubre de 2026, entrevistó en línea a 200 responsables entre el 23 de julio y el 4 de agosto: 100 de nivel estatal y 100 de gobiernos locales o municipales con al menos 100.000 habitantes. El propio diseño acota a quiénes describe el 69%. En el frente laboral, Oakland y el sindicato IFPTE Local 21 alcanzaron un acuerdo tentativo de tres años que incluye reconversión o reasignación de trabajadores desplazados por IA. Lo tentativo no debe presentarse como un contrato definitivo ya ratificado. También hay supervisión humana en un piloto de ChatGPT Enterprise en Pensilvania. Son ejemplos situados, no una protección uniforme para todo trabajador estadounidense.
En Chile, el documento de referencia es el Oficio Circular N° 711 de 2023, firmado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Ciencia, cuyo texto publica este último. El propio oficio se define como un conjunto de «pautas y recomendaciones generales» y un «primer paso» hacia un marco común, no como una ley específica de IA. Eso no vuelve voluntario cumplir la legislación: el propio oficio exige respetar la Ley 19.628 y las normas de no discriminación.
¿Qué recomienda? Evaluar primero si la IA es la solución más adecuada; asegurar que nadie sea discriminado arbitrariamente por su uso; informar a la ciudadanía qué herramientas de IA usa cada servicio, y avisar en lenguaje claro cuando se atiende con chatbots o asistentes virtuales. En privacidad, pide no introducir información personal, especialmente sensible, en herramientas de IA generativa que no hayan sido contratadas o desarrolladas por el propio organismo. También encarga a cada servicio velar por la capacitación de sus funcionarios y deja el seguimiento en manos de la División de Gobierno Digital.
Un caso documentado de uso es SugerIA, un asistente de IA generativa de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda. Según informó Gobierno Digital, funciona desde junio de 2025 y ha ayudado a preparar respuestas a más de 8.000 consultas de su mesa de ayuda: 4.659 sobre DocDigital, 2.492 sobre el Sistema de Transformación Digital y 1.096 sobre la plataforma CPAT. Desde julio de 2026 también opera en la Secretaría de Modernización del Estado. En octubre recibió una mención especial en los premios excelGOB de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC).
El diseño de SugerIA es relevante para la discusión sobre resguardos. El asistente no responde directamente al ciudadano: propone un borrador basado en normativa y consultas anteriores, que queda como nota privada para que un funcionario lo revise y decida qué enviar. Es, en la práctica, el modelo de supervisión humana que piden los sindicatos estadounidenses.
La apuesta del Gobierno va más allá. Gobierno Digital relató el seminario «Un Estado Digital» del 22 de octubre de 2026, celebrado en la Universidad de Chile. Allí, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, anunció que se prepara la agenda de transformación del Estado 2026-2030 y planteó la meta de que el 80% de los datos del Estado sea interoperable, según la crónica publicada por Gobierno Digital.
Lo que falta es una ley específica. El proyecto que regula los sistemas de inteligencia artificial, cuya idea de legislar aprobó por unanimidad la comisión de Desafíos del Futuro del Senado el 26 de octubre de 2026, según su informe, exige que los sistemas de IA se identifiquen como agentes artificiales cada vez que interactúen con personas, que respeten la normativa de datos personales y que, en la administración del Estado, se procure que los datos sean interoperables. El texto aún debe votarse en la Sala y discutirse en particular, y el Ejecutivo anunció una indicación sustitutiva.
La otra pieza es la Ley 21.719 de datos personales. El texto publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional incorpora a la Ley 19.628 garantías ante decisiones basadas en tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos o significativos. El artículo 8 bis contempla excepciones y resguardos de información, explicación, intervención humana y revisión; no una prohibición absoluta de automatizar. Debía regir el 1 de diciembre de 2026, pero el registro de tramitación del Senado muestra que ya despachó un proyecto que la posterga, en trámite en la Cámara con urgencia de discusión inmediata; el informe de la comisión de Constitución de la Cámara precisa que la fecha propuesta es el 15 de octubre de 2027. El documento está fechado el 6 de noviembre y figura registrado el 10. Mientras la reforma no sea ley publicada, la fecha legal continúa siendo el 1 de diciembre de 2026.
Para el ciudadano, conocer cuándo interactúa con IA es una recomendación expresa del Oficio 711 y una obligación prevista en el proyecto específico. Este último aún puede cambiar. Su tramitación no suspende las obligaciones actuales sobre datos personales y derechos fundamentales: una administración que usa IA debe cumplirlas igualmente.

